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La parasubordinación: figura laboral que no acaba de ser reconocida

Cualquiera podría preguntarse de qué se trata. Es cierto que en la actualidad los procesos productivos han evolucionado considerablemente gracias al avance de la tecnología y a las nuevas políticas corporativas que buscan una mayor eficiencia y productividad. Esto ha dado lugar a modelos novedosos de empleo que se adaptan a las nuevas necesidades y formas de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo o trabajo a distancia se ha convertido en una opción cada vez más común, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas desde cualquier lugar del mundo y a las empresas ahorrar en costos de infraestructura y equipamiento. Además, los trabajos freelance o por proyectos también han ido en aumento, permitiendo a los trabajadores tener más flexibilidad y variedad en su trabajo, y a las empresas tener un mayor control de costos y recursos.

Asimismo, la economía colaborativa ha dado lugar a nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales o la economía del sharing, donde los trabajadores prestan sus servicios de forma temporal y bajo demanda, permitiendo a las empresas satisfacer las necesidades de sus clientes de manera ágil y eficiente.

En definitiva, la evolución de los procesos productivos ha dado lugar a modelos de empleo más novedosos y adaptados a las necesidades actuales, permitiendo a los trabajadores tener más flexibilidad y a las empresas ser más eficientes y productivas. Siendo así, estos procesos han dado paso al modelo de la parasubordinación, que no es más que la regulación del entorno laboral de los trabajadores autónomos, que aunque tienen independencia funcional en la prestación del servicio, están en dependencia económica de su cliente, creando una relación de “pseudosubordinación”, ya que no pueden dejar a su cliente habitual por completo por temor a perder los ingresos provenientes de él.

Aunque el derecho laboral ha centrado su estudio en el trabajo asalariado o por cuenta ajena, como advertimos precedentemente, la evolución de la sociedad y las nuevas tendencias han dado lugar a nuevas modalidades de servicio que no se ajustan a esta categorización. En consecuencia, se afirma que la dicotomía tradicional entre trabajo subordinado protegido y trabajo autónomo desprotegido no es adecuada para comprender la compleja y diversa realidad laboral actual, en la que las demandas de protección no se limitan a un solo colectivo [1].

Es por ello, que la figura de la parasubordinación vino a abordar estas nuevas situaciones en las que los trabajadores, aunque son completamente autónomos, dependen económicamente de uno de sus clientes. Esta dependencia los coloca en una posición de desventaja respecto a los clientes, ya que no llegan a tener una subordinación jurídica clara.

Actualmente, en la República Dominicana no existe una regulación específica de la parasubordinación, ya que aún prevalece una concepción vertical del derecho, según la cual solo se brinda protección a los trabajadores que cumplen con los requisitos de subordinación, salario o prestación de servicio. Cualquier otro tipo de servicio personal que no cumpla con estas condiciones se rige por las disposiciones del derecho común.

En este sentido, es importante destacar que la figura de la parasubordinación debe contemplar algunas características esenciales. En primer lugar, se debe reconocer la existencia de una relación de dependencia económica del prestador de servicios hacia su cliente. En segundo lugar, esta dependencia económica debe afectar significativamente la libertad de actuación del prestador de servicios, impidiéndole trabajar para otros clientes o dejar de prestar el servicio al cliente principal. Además, la figura de la parasubordinación debe reconocer que el prestador de servicios no tiene un control completo sobre la forma y el modo en que se realiza el trabajo, lo que puede generar una situación de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo.

En resumen, la figura de la parasubordinación da reconocimiento a una relación de dependencia económica que afecta la libertad de actuación y control del prestador de servicios sobre la forma y el modo en que se realiza el trabajo, y por tanto genera una situación de vulnerabilidad.

Efectivamente, en la figura de la parasubordinación o Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) no estamos hablando de una relación laboral de subordinación en la que el trabajador se encuentra bajo las órdenes y la dirección del empleador, sino de una relación contractual entre un proveedor y su cliente.

En este sentido, es importante destacar, que la figura de la parasubordinación o TRADE se diferencia del trabajo por cuenta ajena o subordinado, ya que en este último caso, el trabajador está subordinado a las órdenes y la dirección del empleador y tiene una dependencia económica del salario que recibe, mientras que en la parasubordinación o TRADE, el prestador de servicios tiene cierta autonomía en la prestación del servicio, pero presenta una dependencia económica significativa del cliente principal.

Por esta razón, la terminología utilizada en la legislación, como en el caso de la Ley 20/2007 sobre trabajadores autónomos en España, se refiere al cliente en lugar de empleador, ya que se trata de una relación comercial entre dos partes en la que el prestador de servicios es un trabajador autónomo económicamente dependiente del cliente.

En este punto es preciso aclarar, que el autónomo dependiente en principio se aleja de la figura del comerciante [2] y que la parasubordinación no se puede confundir con otras figuras, como el trabajo por cuenta propia o el trabajo autónomo. En el caso del trabajo por cuenta propia, el trabajador tiene total autonomía en la organización de su trabajo y no está sometido a un cliente en particular, sino que busca y establece relaciones comerciales con distintos clientes. En cambio, en la parasubordinación, el trabajador depende económicamente de un cliente en particular y su actividad está dirigida principalmente hacia dicho cliente. Por tanto, es necesario establecer una regulación específica para la figura de la parasubordinación y no condicionarla a los artículos 632 y 633 del Código de Comercio, ya que no se trata de la compra y venta de mercancías ni de la prestación de servicios comerciales en sí mismos, sino de una relación entre un trabajador autónomo y un cliente que presenta una dependencia económica, cuya legislación deberá garantizar la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, equilibrando la relación entre estos y sus clientes, evitando situaciones de abuso o explotación y promoviendo una justa retribución por los servicios prestados. De esta forma, la parasubordinación se trata de una relación que no es ni civil ni comercial, que tiene características propias que deben ser reguladas de manera específica para evitar situaciones de abuso o explotación por parte de sus clientes.

Para que la parasubordinación sea válida y produzca efectos legales perseguibles tienen que darse los elementos constitutivos de dicha figura, así tenemos que debe existir una relación de colaboración coordinada. Esto implica, que entre el trabajador autónomo y su cliente debe existir una cooperación mutua y un acuerdo común en cuanto a la forma en que se prestará el servicio y se cumplirán las obligaciones contractuales. Un segundo elemento esencial es que la relación debe ser continua, lo que significa que el trabajador autónomo presta sus servicios de manera frecuente y regular, y que su dependencia económica se deriva de la continuidad de dicha prestación de servicios. Como tercer elemento constitutivo está el carácter personal de la relación, esta debe tener un carácter prevalentemente personal, lo que significa que el trabajador autónomo presta sus servicios de manera personal, sin que pueda delegar su trabajo a terceros sin el consentimiento expreso del cliente, es decir, el servicio que se presta depende en gran medida de las habilidades y conocimientos del trabajador autónomo, y no se puede sustituir fácilmente por otro prestador de servicios.

Una vez identificados los elementos que determinan la parasubordinación, debemos definir las condiciones adicionales que deben darse para catalogar a un trabajador independiente como parasubordinado. La primera de las condiciones es que la contratación de este trabajador deber ser por cuenta propia. En la relación parasubordinada, el prestador de servicios inicia como un trabajador autónomo e independiente, pero con el tiempo y la continuidad de su dependencia económica a un cliente en particular, puede pasar a ser considerado como un parasubordinado. Es decir, la relación de colaboración coordinada, continuada y de carácter prevalentemente personal se va configurando a medida que el prestador de servicios va desarrollando una dependencia económica hacia el cliente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta característica no es estática, sino que puede evolucionar a lo largo del tiempo.

Determinada la primera condición, debemos tener en cuenta también, que la relación contractual debe ser coordinada, término que puede resultar ambiguo, sin embargo, en la parasubordinación, esta coordinación adquiere una dimensión particular dado que se trata de una relación contractual entre un prestador de servicios y su cliente, en la que el primero se encuentra en una situación de dependencia económica con respecto al segundo. En este sentido, la coordinación se refiere a la necesidad de que el prestador de servicios tenga que seguir ciertas instrucciones o pautas establecidas por el cliente para llevar a cabo su trabajo. Esto se debe, a que el prestador de servicios depende económicamente del cliente, por lo tanto, necesita mantener una buena relación comercial con él para asegurarse de continuar recibiendo trabajos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta coordinación no se refiere a una subordinación laboral, ya que el prestador de servicios sigue siendo autónomo en cuanto a la organización y la gestión de su trabajo. En la parasubordinación, el prestador de servicios tiene cierta libertad para organizar su trabajo, pero debe seguir ciertas directrices o pautas del cliente. Por lo tanto, la coordinación en la relación contractual en la parasubordinación se refiere a la necesidad de que el prestador de servicios siga ciertas instrucciones o pautas establecidas por el cliente, sin que esto implique una subordinación laboral completa.

En otras palabras, la coordinación se refiere a la existencia de un acuerdo entre el prestador de servicio y su cliente en cuanto a las tareas y actividades que deben llevarse a cabo. La labor del trabajador autónomo dependiente se encuentra conectada con los intereses del cliente, quien tiene un interés en que se lleve a cabo la actividad en cuestión. De esta manera, la coordinación implica una colaboración y una conexión entre las partes involucradas en la relación contractual [3].

No obstante la colaboración y coordinación, esta relación debe ser esencialmente duradera en el tiempo o continua para que pueda determinarse como parasubordinación, lo que significa que las relaciones que son puramente comerciales o civiles y esporádicas no pueden ser consideradas como parasubordinación. La continuidad de la relación ayuda a determinar si existe o no una dependencia económica, que es una característica distintiva de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE). Por lo tanto, la dependencia económica solo puede existir si hay una actividad continua con el cliente a través de una relación continuada en el tiempo, en la que el trabajador autónomo dependiente realiza su actividad económica de forma habitual y con cierta regularidad para el mismo cliente o clientes.

En ese orden, nos referimos a la dependencia económica como otra de las características que se manifiesta cuando el TRADE realiza su actividad productiva de manera habitual y continua para un cliente o clientes específicos, y su ingreso económico depende en gran medida de estas relaciones comerciales continuadas. Por lo tanto, la continuidad en la relación comercial es crucial para determinar si existe o no una relación parasubordinada, ya que permite evaluar el grado de dependencia económica del TRADE y la subordinación implícita que puede existir en dicha relación comercial [4].

Otro punto importante es que la relación debe tener un carácter prevalentemente personal, el trabajador autónomo económicamente dependiente sea quien realice el servicio personalmente. Es decir, la prestación de servicios debe ser principalmente realizada por el TRADE, sin que existan otros trabajadores bajo su supervisión o dirección, para que se pueda considerar la relación como parasubordinación. En la regulación de ciertos países, se requiere que el TRADE no tenga empleados bajo su supervisión, con el fin de delimitar esta figura para aquellos que tienen una verdadera dependencia económica de sus clientes. Esto asegura que el TRADE sea quien desempeña la actividad productiva y que su ingreso dependa de su propia capacidad y esfuerzo, lo que es indicativo de una verdadera dependencia económica del cliente.

Por último, pero igualmente relevante, se encuentra la necesidad de que el trabajador autónomo económicamente dependiente reciba una remuneración adecuada en función de la actividad realizada y asuma el riesgo de la misma. La diferencia fundamental entre un TRADE y un trabajador por cuenta ajena radica en el elemento de riesgo, ya que “la dependencia económica es una manifestación del riesgo que asume el trabajador autónomo económicamente dependiente, que se manifiesta en la asunción de la inversión y de los gastos necesarios para la prestación del servicio y en la posibilidad de obtener beneficios o sufrir pérdidas en el ejercicio de su actividad económica” [5]. Por lo tanto, la remuneración que recibe el TRADE debe ser proporcional a su actividad y a los gastos necesarios para llevarla a cabo, y además, este asumir el riesgo empresarial de su actividad productiva. Esto lo diferencia de un trabajador por cuenta ajena, que recibe una remuneración fija y no asume el riesgo empresarial de su actividad laboral.

Una vez visto lo que define a un trabajador autónomo económicamente dependiente, también llamado parasubordinado o TRADE, debemos establecer cuál es la utilidad de esta figura. Efectivamente, la figura de la parasubordinación surge para proteger a aquellos trabajadores que, aunque no pueden ser considerados como empleados subordinados, tienen una dependencia económica significativa de un cliente o empresa en particular.

En este sentido, la lista de trabajadores que podrían beneficiarse de la parasubordinación puede variar en función del país o región en que se aplique, pero en general incluye a aquellos trabajadores que prestan servicios de manera autónoma y dependen económicamente de un cliente o empresa en particular, como los asesores inmobiliarios, analistas de sistemas informáticos, fotógrafos freelance, vigilantes concertados de aparcamiento, franquiciados, agentes y subagentes de seguros, transportistas y repartidores, encuestadores, guías o informadores turísticos, personal de limpieza, modelos publicitarios y de bellas artes, colaboradores de prensa y reporteros gráficos, monitores deportivos y algunos casos de teletrabajo.

En resumen, la parasubordinación busca proteger a aquellos trabajadores autónomos, que aunque no tienen una relación laboral subordinada con sus clientes, tienen una dependencia económica significativa de ellos y, por lo tanto, requieren de cierta protección legal para garantizar sus derechos laborales. Así es, la parasubordinación no es un concepto teórico que carece de aplicación práctica, sino que se aplica a diversos trabajadores autónomos que, por su dependencia económica de un cliente o empresa en particular, pueden ser considerados como parasubordinados.

Esto significa, que aunque no tienen una relación laboral subordinada con sus clientes, están en una posición de dependencia económica significativa y, por lo tanto, necesitan de cierta protección legal para garantizar sus derechos laborales. Al reconocer la existencia de la parasubordinación, se pueden establecer ciertas medidas de protección y beneficios para estos trabajadores, como la posibilidad de establecer un salario mínimo o una jornada laboral máxima, recibir indemnizaciones por despido, contar con vacaciones pagadas, entre otros.

En definitiva, la parasubordinación es una figura que tiene una aplicación práctica en la vida diaria, ya que permite proteger a aquellos trabajadores autónomos que, pese a no ser subordinados, tienen una dependencia económica significativa de sus clientes o empresas y, por lo tanto, requieren de ciertas medidas de protección para garantizar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida.

En definitiva, la parasubordinación es una figura que tiene una aplicación práctica en la vida diaria al encontrarse cada vez más presente en la evolución de los procesos productivos, por lo que requiere de manera urgente que se inicie un debate en torno a esta que involucre a todos los actores necesarios y consecuentemente origine su reconocimiento y regulación.

Fuentes bibliográficas:

[1] MARTÍNEZ BARROSO, María de los Reyes. El trabajo autónomo económicamente dependiente. Reflexiones a raíz del Proyecto de ley del Estatuto de trabajo autónomo. España: AFDUDC, No. 11, 2007, p. 457. ISSN-e 2530-6324.

[2] CALVO GALLEGO, Francisco Javier. Los Trabajadores Autónomos Dependientes: Una Primera Aproximación. Unirioja.es [en línea], núm. 81, 2005, pp. 41-78. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1395130.pdf [consulta: 15 febrero 2023].

[3] CAAMAÑO ROJO, Eduardo. La Parasubordinación o Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente. El Empleo en las Fronteras del Derecho del Trabajo. Revista Laboral Chilena [en línea], 2004-2005, p. 17. Disponible en: https://docplayer.es/32904543-La-parasubordinacion-o-trabajo-autonomo-economicamente-dependiente-el-empleo-en-las-fronteras-del-derecho-del-trabajo.html [consulta: 15 febrero 2023].

[4] GALIANA MORENO, Jesús M. El Trabajador Autónomo Dependiente dos años después de la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo. Aportaciones prácticas del RD197/2009 que desarrolla la Ley 20/2007. Op. cit., p. 300.

[5] Ibid.

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El impacto de la pandemia en el seguro de vida

Se estima que, a marzo de 2022, la COVID-19 ha supuesto la pérdida de aproximadamente 6.5 millones de personas y otros 480 millones de individuos han sido contagiados. El impacto de esta realidad en la práctica de los seguros de vida y salud es evidente. La necesidad de cobertura para la prueba diagnóstica, el tratamiento, las consultas e incluso las vacunas pone de relieve el debate en cuanto al rol del seguro de salud y los subsidios estatales en estas circunstancias. A la par de las incertidumbres se sitúan los reclamos de las pólizas de vida.

El fallecimiento asociado a la COVID-19 no se materializa como un efecto aislado y característico del virus, que más bien es considerado de baja letalidad. El riesgo de pérdida de la vida se acentúa en un escenario de patologías precedentes: cardiopatías, diabetes, obesidad, deficiencias del sistema respiratorio, entre otras. Por lo tanto, el derecho de los seguros se plantea si la no declaración de esos padecimientos puede ser considerado como reticencia dolosa y de esta manera justificar la falta de cobertura de la póliza.

Adviértase que, en el ordenamiento jurídico dominicano, la no declaración de condiciones precedentes, que incidan en el incremento del riesgo asegurado, se sanciona con singular severidad. A título ilustrativo, léase la siguiente decisión de la Suprema Corte de Justicia dominicana:

“Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que en el seguro de vida las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo es un elemento del contrato que las compañías de seguros evalúan razonablemente previo a la contratación, y en función de los datos objetivos que resultan, decide si contrata o, en su caso, fija las condiciones que regirán la póliza, para cuyo proceso juega un rol importante la declaración a cargo del solicitante del seguro, cuyo objeto es declarar las circunstancias de salud por él conocidas, y cuya consagración y efectos están previstos en el artículo 62 de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana”. [1]

La cuestión no goza de serenidad. Si bien es cierto que el valor fundamental de la lealtad convencional obliga a la sinceridad del paciente/asegurado declarante, podría sostenerse con seriedad, en contraposición, el efecto del carácter aleatorio del contrato de seguro. En esa dimensión, el virus y su enfermedad pandémica se apreciarían como una posibilidad cubierta en toda su extensión. Pues, si bien el virus SARS-CoV-2 se hace más letal en un paciente con la salud previamente comprometida, no puede negarse que él podría ser entendido como el factor desencadenante, determinante y decisivo de la concreción del riesgo asegurado.

De cara al futuro, hay un precedente de imprescindible atención que podría arrojar indicios de la evolución de la rama. Luego del brote del llamado “Síndrome Respiratorio Agudo Severo”, a principios de la década del año 2000, se introdujeron cláusulas de exclusión para enfermedades contagiosas y epidémicas en algunas pólizas mercantiles como la de interrupción de negocios. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se generalicen cláusulas tendentes a fortalecer el rigor de las condiciones de cobertura del seguro de vida en caso de futuras pandemias y se flexibilice el régimen de las exclusiones.

Referencia bibliográfica:

[1] Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia número 114, 30 de noviembre de 2017, asunto Víctor Crispín.

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Puntualizaciones a la Ley No. 13-20: lo que debe saber el empleador

La Ley No. 13-20 promulgada el siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020) la cual entró en vigor en la misma fecha, más allá de proteger el rol y la capacidad gerencial de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), viene a modificar a favor de los empleadores los recargos por mora y reducir la penalidad en los atrasos en los pagos de cuotas al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La nueva amnistía prevé la regularización de los empleadores solo con el monto del pago principal adeudado. A diferencia de las penalidades que se aplicaban antes de la promulgación de la citada ley, donde los montos eran tan altos que conminaba al empleador a dejar fuera del sistema a muchos o todos sus trabajadores. Ahora los empleadores podrán realizar acuerdos de pagos flexibles que les permita mantenerse en el sistema y a la vez pagar los atrasos a plazos.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que, en lo adelante, los violadores de la ley en detrimento del sistema podrán ser perseguidos judicialmente por la vía civil y penal e inclusive la Tesorería de la Seguridad Social podría suspender el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del empleador infractor.

Al modificarse el artículo 115 de la Ley No. 87-01, del 5 % mensual acumulativo del monto involucrado en la retención que se cobraba, en lo adelante, el empleador pagará un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual promedio generado por el sistema de capitalización individual en el mes calendario anterior al período de la notificación de pago incumplida, más el 0.3 % mensual de penalidad sobre el monto de las aportaciones no pagadas, sin perjuicio del derecho de la TSS de interponer una acción civil y penal en contra del empleador. Este nuevo recargo le será impuesto a los empleadores en las siguientes circunstancias:

  1. Cuando el empleador incumpla en el tiempo establecido en afiliar un trabajador en la TSS.
  2. Al omitir o falsear la declaración de los ingresos reales del trabajador.
  3. Por el retraso en pago de los importes correspondientes a la TSS por cuenta de los trabajadores y empleadores.
  4. Por el incumplimiento de cualquier otra disposición de la citada ley y sus normas complementarias por el empleador o sus afiliados.

Debemos advertir que, los recargos por el incumplimiento en el pago de cotizaciones corresponden únicamente a los montos dejados de pagar por concepto de cotizaciones obligatorias, no aplica a otros conceptos. La TSS podrá inhabilitar los comprobantes fiscales que emita el empleador, cuando la infracción perdure más de sesenta (60) días, lo que podría implicar repercusiones de venta en la empresa afectada.

La Ley No. 13-20 contempla infracciones penales y administrativas para los empleadores en los siguientes casos:

  1. Cuando el empleador no afilie a sus trabajadores dentro del plazo de ley.
  2. Por no suministrar informaciones veraces y completas.
  3. Cuando no informen a tiempo los cambios y novedades.
  4. Si resultaran autores o cómplices de inscripciones o declaraciones falsas que originen prestaciones indebidas.
  5. Por alterar documentos o credenciales que otorgue el Sistema Dominicano de Seguridad Social con el objetivo de inducir al disfrute de prestaciones indebidas.

Los montos de las sanciones por la violación de uno de los precitados casos, conllevarían al pago a la TSS un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual promedio del sistema de capitalización individual del mes calendario anterior a la notificación de pago incumplida más el 0.3 % mensual sobre del monto de las aportaciones no pagadas. Para el caso de reincidencia, la infracción será un cincuenta por ciento (50 %) mayor y podrá el empleador reincidente ser objeto de degradación cívica y prisión correccional de treinta (30) días a un (1) año. El cobro por cotizaciones obligatorias, recargos, multas e intereses podrán ser perseguidos por una acción civil con todos los privilegios que otorgan el Código civil y el de Comercio.

Para el caso de los trabajadores, la Ley No. 13-20 no se quedó atrás y cargó con sanciones penales, cuando el trabajador suministre informaciones falsas o incompletas sobre sus dependientes que originen o pudieran originar el otorgamiento indebido de servicios o prestaciones económicas. Los trabajadores deben estar informados y advertidos, ya que muchas veces falsean informaciones u omiten cualquier declaración. Esta inobservancia, inclusive, podría dar derechos al empleador de realizar un despido por causa justificada.

Con la entrada en vigor de la Ley No. 13-20, la TSS contará con equipo especial de inspectores, los cuales serán los únicos competentes para levantar las infracciones por faltas cometidas por los empleadores por la no inscripción de la seguridad social. Estos inspectores tendrán las siguientes facultades:

  1. Acudir a los establecimientos de los empleadores sin previa notificación con el objetivo de realizar una investigación. Cuando no se le permita entrar podrán acudir con la fuerza publica.
  2. Una vez en la empresa podrán realizar las actuaciones necesarias para comprobar que el empleador está cumpliendo con las disposiciones de la Ley No. 87-01 y sus modificaciones.
  3. Podrán interrogar tanto a los empleados como a los empleadores sobre los detalles y naturaleza de las relaciones laborales en la empresa.
  4. Podrán requerir los documentos, libros y registros, hacerse expedir copias y extractos de estos.
  5. Así mismo, podrán tomar declaraciones de personas cercanas a la empresa, ya sean estos vecinos, clientes y proveedores que puedan aclarar situaciones relativas a las relaciones entre el empleador y los trabajadores.

Las multas que podrá imponer la TSS al infractor serán de uno (1) a seis (6) salarios mínimos del sector correspondiente al empleador, por cada trabajador afectado por la violación, la reincidencia conllevaría un aumento del 50 %. Estas multas podrán ser impuestas cuando se determine que los empleadores han realizado las siguientes violaciones o irregularidades:

  1. Si no reporta el salario completo a los trabajadores. Esto implicaría que, las sentencias por demandas de los trabajadores que determinen el pago incompleto del salario darían pie para que el mismo trabajador realice una denuncia ante la TSS implicando más costos para la empresa.
  2. Si el empleador reduce el salario base de los trabajadores. Para este punto las empresas deberán tener mucho cuidado a la hora de arrogarse un salario mínimo menor del que realmente les pertenece, ya que, de abrirse una investigación, la TSS podría determinar que, el salario atribuido a la empresa investigada es mayor al declarado y por lo tanto interponer una multa (de 1 a 6 salarios mínimos) por cada trabajador.
  3. Por retirar de manera intermitente a los trabajadores de la nómina de la TSS con la finalidad de evadir sus obligaciones.
  4. Por reportar personas en sus nóminas que no son trabajadores de la empresa. Esto viene a complicar a muchos empleadores que tienen en sus nóminas a familiares, amigos y domésticas para beneficiarlos del seguro de salud.
  5. Cuando se determine que un empleador ha realizado operaciones utilizando trabajadores sin haberse registrado en la TSS. Muchas empresas inician de manera informal y al cabo del tiempo formalizan sus operaciones, con esta nueva ley se estarán persiguiendo estas irregularidades.

La referida ley contempla que, los empleadores podrán interponer en caso de inconformidad por una sanción, un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que interpuso la sanción; de no ser favorecido podrán interponer un recurso contencioso sobre la sanción impuestas ante el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo.

Finalmente, exhortamos a los empleadores que tengan deudas pendientes con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que aprovechen las disposiciones transitorias de la ley, la cual permite saldar la deuda mediante una amnistía, sin pagar recargos, moras, intereses o cualquier penalidad acumulada, siempre que salde el total de la deuda o realice un acuerdo de pago con la TSS, en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la entrada en vigor de la ley; este vence el siete (7) de agosto del dos mil veinte (2020). Los acuerdos de pago que se realicen con la TSS no eximen del pago de las cuotas mensuales, cualquier atraso conllevaría al pago de los recargos exonerados.

“En medio de la dificultad se esconde la oportunidad”. - Albert Einstein

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Seguridad Social en la República Dominicana

En materia de seguridad social en la República Dominicana existe un antes y un después con la Ley número 87-01 sobre Seguridad Social, sin duda alguna esta es una de las leyes que más cambios ha generado en nuestra nación y que al igual que muchas otras legislaciones cuenta con sus luces y sombras.

Sin temor a equivocarnos podemos establecer que la seguridad social es una de las legislaciones más amplias que existe en nuestro país, basta con echar un vistazo a los diversos reglamentos que emite el Consejo Nacional de Seguridad Social como las resoluciones administrativas de la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), organismos que gozan de plena capacidad para regularizar, fiscalizar y auditar todos los temas que envuelven el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Lo más preocupante sobre esta materia es que aun con la importancia que reviste, la población en general exhibe un desconocimiento de la misma, desde los jueces que son los llamados a tener un mayor dominio de las leyes hasta los ciudadanos que están llamados a prestar información sobre el tema, pues de ello dependen estamentos tan importantes de la vida como lo son la salud y la vejez.

El desconocimiento de esta legislación da lugar a que los primeros emitan sentencias infundadas y en franco desconocimiento a las leyes y las resoluciones emitidas por los organismos competentes y los segundos sean objeto de estafa y se encuentren desprotegidos en momentos de dificultades.

Para gozar de los beneficios de la Ley 87-01 es necesario estar inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social, en el caso de los empleados privados y públicos que conforman el régimen contributivo, al cual pertenecemos la mayoría, la responsabilidad de la inscripción recae sobre el empleador; el empleado como el empleador aportarán una proporción a la seguridad social.

Según lo dispuesto por la Resolución número 72-03 emitida por el Comité Nacional de Seguridad Social, los aportes que conforman el salario cotizable a la seguridad social se encuentra compuesto por: salario ordinario, vacaciones y comisiones. De este salario cotizable, el empleado hace un aporte ascendente al 3.04 % y al empleador le corresponde el 7.09 %. En caso de que el empleado tenga algún dependiente, el mismo debe de asumir el pago de este, cuya suma asciende a un pago per cápita mensual por persona de RD$844.89.

Este es uno de los puntos más controvertidos y es que cuando se analizan los salarios reportados a la Tesorería de la Seguridad Nacional, muchos creen que los empleadores han incurrido en una estafa en perjuicio de sus empleados, al incurrir en una elusión, es decir, en reportar un salario irreal, muchas veces por debajo al realmente devengado por el empleado a los fines de pagar menos impuestos. Cuando en realidad es que no todos los beneficios que pueda percibir un empleado como prestación de los servicios, forman parte del salario cotizable para seguridad social.

Del salario cotizable a la Tesorería de la Seguridad Social, un porcentaje del mismo se aporta a nuestro fondo de pensiones, aquí es donde toma mucha importancia el que nuestros empleadores coticen nuestros salarios reales, ya que mientras más alto sea nuestro salario, más dinero acumulará nuestro fondo de pensiones, así en el momento en que nos toque hacer uso de este fondo, nuestra cuota será más cuantiosa y por ende beneficiosa.

Es necesario que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de ser guardianes de nuestros derechos y revisemos de manera constante los salarios que cotizan nuestros empleadores, pues esto evita que nuestras pensiones sean por montos tan ínfimos que ni siquiera nos ayuden a sobrevivir en los momentos en que no existen las fuerzas necesarias para seguir laborando.

Los beneficios que brinda la seguridad social son muchos, y entre los que podemos citar se encuentran: las estancias infantiles, los diferentes subsidios como el de lactancia y enfermedad común, el seguro de riesgo laboral, así como las diferentes pensiones que ofrece.

Todo ciudadano debe de revisar la cobertura de servicios del plan básico de salud, los cuales se encuentran contenidos en el catálogo publicado por la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), esto con la intención de evitar los numerosos abusos que se presentan en los diferentes centros hospitalarios del país, donde muchas veces se niegan a prestar los servicios médicos a los pacientes con la finalidad de obligar a estos últimos a pagar los altos honorarios médicos y de servicios.

Otro punto importante a tomar en cuenta, es que una vez hemos pagado por un servicio médico que debió ser cubierto en su totalidad o en parte por el plan básico de salud, existen procedimientos de reembolso en el cual el afiliado realiza su proceso de reclamo y le es devuelta la suma que pagara, por igual existen resoluciones que especifican las coberturas a las que tienen derecho los afiliados cuando reciben servicios en hospitalización, cuidados intensivos, sala de cirugía y sala de emergencias.

Por otra parte, si la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) a la cual usted se encuentra afiliada no le brinda un buen servicio o usted simplemente desea realizar un cambio a otra, existen un sin número de resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), las cuales permiten el traspaso, dependiendo de la causa que da lugar a la misma. Dentro de las resoluciones podemos citar las siguientes: 154-2007, 167-2009, 174-2009 y la 176-2009.

Ahora bien, ¿a cuáles instituciones debemos dirigirnos para obtener informaciones y defender nuestros derechos?

a) La Dirección de Información y Defensa de los Asegurados (DIDA), la cual se encarga de orientar e informar a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través de esta podemos saber si nuestros empleadores nos han inscrito en el Sistema, qué salario cotizan los empleadores, la cobertura de los servicios médicos del plan básico de salud, entre otros.

b) La Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), en ella podemos obtener información sobre el catálogo de servicios del plan básico de salud y las informaciones que rige todo el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

c) Administradora de Riesgos de Salud (ARS), en ella podemos obtener información sobre la cobertura de los servicios médicos del plan básico de salud, así como el reembolso de los gastos incurridos por el afiliado que debieron ser cubiertos por dicho plan.

Como hemos visto, el Sistema de Seguridad Social reviste una gran importancia en nuestras vidas, de él dependen dos grandes pilares del desarrollo humano como son: la salud y la vejez (pensión), es por ello que es preponderante que cada una de nosotros se convierta en un guardián constante de todo lo concerniente al tema.

Tal vez en este momento, usted no sea un usuario recurrente del sistema, pero le podemos asegurar, que en algún momento de su vida lo será y se sentirá un tanto desprotegido y sin rumbo, por lo que le exhortamos que desde hoy, asumamos la responsabilidad de informarnos al aspecto, siendo guardianes de nuestros derechos, para que vivamos una vida plena y una vejez feliz.

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La parasubordinación: figura laboral que no acaba de ser reconocida

Cualquiera podría preguntarse de qué se trata. Es cierto que en la actualidad los procesos productivos han evolucionado considerablemente gracias al avance de la tecnología y a las nuevas políticas corporativas que buscan una mayor eficiencia y productividad. Esto ha dado lugar a modelos novedosos de empleo que se adaptan a las nuevas necesidades y formas de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo o trabajo a distancia se ha convertido en una opción cada vez más común, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas desde cualquier lugar del mundo y a las empresas ahorrar en costos de infraestructura y equipamiento. Además, los trabajos freelance o por proyectos también han ido en aumento, permitiendo a los trabajadores tener más flexibilidad y variedad en su trabajo, y a las empresas tener un mayor control de costos y recursos.

Asimismo, la economía colaborativa ha dado lugar a nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales o la economía del sharing, donde los trabajadores prestan sus servicios de forma temporal y bajo demanda, permitiendo a las empresas satisfacer las necesidades de sus clientes de manera ágil y eficiente.

En definitiva, la evolución de los procesos productivos ha dado lugar a modelos de empleo más novedosos y adaptados a las necesidades actuales, permitiendo a los trabajadores tener más flexibilidad y a las empresas ser más eficientes y productivas. Siendo así, estos procesos han dado paso al modelo de la parasubordinación, que no es más que la regulación del entorno laboral de los trabajadores autónomos, que aunque tienen independencia funcional en la prestación del servicio, están en dependencia económica de su cliente, creando una relación de “pseudosubordinación”, ya que no pueden dejar a su cliente habitual por completo por temor a perder los ingresos provenientes de él.

Aunque el derecho laboral ha centrado su estudio en el trabajo asalariado o por cuenta ajena, como advertimos precedentemente, la evolución de la sociedad y las nuevas tendencias han dado lugar a nuevas modalidades de servicio que no se ajustan a esta categorización. En consecuencia, se afirma que la dicotomía tradicional entre trabajo subordinado protegido y trabajo autónomo desprotegido no es adecuada para comprender la compleja y diversa realidad laboral actual, en la que las demandas de protección no se limitan a un solo colectivo [1].

Es por ello, que la figura de la parasubordinación vino a abordar estas nuevas situaciones en las que los trabajadores, aunque son completamente autónomos, dependen económicamente de uno de sus clientes. Esta dependencia los coloca en una posición de desventaja respecto a los clientes, ya que no llegan a tener una subordinación jurídica clara.

Actualmente, en la República Dominicana no existe una regulación específica de la parasubordinación, ya que aún prevalece una concepción vertical del derecho, según la cual solo se brinda protección a los trabajadores que cumplen con los requisitos de subordinación, salario o prestación de servicio. Cualquier otro tipo de servicio personal que no cumpla con estas condiciones se rige por las disposiciones del derecho común.

En este sentido, es importante destacar que la figura de la parasubordinación debe contemplar algunas características esenciales. En primer lugar, se debe reconocer la existencia de una relación de dependencia económica del prestador de servicios hacia su cliente. En segundo lugar, esta dependencia económica debe afectar significativamente la libertad de actuación del prestador de servicios, impidiéndole trabajar para otros clientes o dejar de prestar el servicio al cliente principal. Además, la figura de la parasubordinación debe reconocer que el prestador de servicios no tiene un control completo sobre la forma y el modo en que se realiza el trabajo, lo que puede generar una situación de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo.

En resumen, la figura de la parasubordinación da reconocimiento a una relación de dependencia económica que afecta la libertad de actuación y control del prestador de servicios sobre la forma y el modo en que se realiza el trabajo, y por tanto genera una situación de vulnerabilidad.

Efectivamente, en la figura de la parasubordinación o Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) no estamos hablando de una relación laboral de subordinación en la que el trabajador se encuentra bajo las órdenes y la dirección del empleador, sino de una relación contractual entre un proveedor y su cliente.

En este sentido, es importante destacar, que la figura de la parasubordinación o TRADE se diferencia del trabajo por cuenta ajena o subordinado, ya que en este último caso, el trabajador está subordinado a las órdenes y la dirección del empleador y tiene una dependencia económica del salario que recibe, mientras que en la parasubordinación o TRADE, el prestador de servicios tiene cierta autonomía en la prestación del servicio, pero presenta una dependencia económica significativa del cliente principal.

Por esta razón, la terminología utilizada en la legislación, como en el caso de la Ley 20/2007 sobre trabajadores autónomos en España, se refiere al cliente en lugar de empleador, ya que se trata de una relación comercial entre dos partes en la que el prestador de servicios es un trabajador autónomo económicamente dependiente del cliente.

En este punto es preciso aclarar, que el autónomo dependiente en principio se aleja de la figura del comerciante [2] y que la parasubordinación no se puede confundir con otras figuras, como el trabajo por cuenta propia o el trabajo autónomo. En el caso del trabajo por cuenta propia, el trabajador tiene total autonomía en la organización de su trabajo y no está sometido a un cliente en particular, sino que busca y establece relaciones comerciales con distintos clientes. En cambio, en la parasubordinación, el trabajador depende económicamente de un cliente en particular y su actividad está dirigida principalmente hacia dicho cliente. Por tanto, es necesario establecer una regulación específica para la figura de la parasubordinación y no condicionarla a los artículos 632 y 633 del Código de Comercio, ya que no se trata de la compra y venta de mercancías ni de la prestación de servicios comerciales en sí mismos, sino de una relación entre un trabajador autónomo y un cliente que presenta una dependencia económica, cuya legislación deberá garantizar la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, equilibrando la relación entre estos y sus clientes, evitando situaciones de abuso o explotación y promoviendo una justa retribución por los servicios prestados. De esta forma, la parasubordinación se trata de una relación que no es ni civil ni comercial, que tiene características propias que deben ser reguladas de manera específica para evitar situaciones de abuso o explotación por parte de sus clientes.

Para que la parasubordinación sea válida y produzca efectos legales perseguibles tienen que darse los elementos constitutivos de dicha figura, así tenemos que debe existir una relación de colaboración coordinada. Esto implica, que entre el trabajador autónomo y su cliente debe existir una cooperación mutua y un acuerdo común en cuanto a la forma en que se prestará el servicio y se cumplirán las obligaciones contractuales. Un segundo elemento esencial es que la relación debe ser continua, lo que significa que el trabajador autónomo presta sus servicios de manera frecuente y regular, y que su dependencia económica se deriva de la continuidad de dicha prestación de servicios. Como tercer elemento constitutivo está el carácter personal de la relación, esta debe tener un carácter prevalentemente personal, lo que significa que el trabajador autónomo presta sus servicios de manera personal, sin que pueda delegar su trabajo a terceros sin el consentimiento expreso del cliente, es decir, el servicio que se presta depende en gran medida de las habilidades y conocimientos del trabajador autónomo, y no se puede sustituir fácilmente por otro prestador de servicios.

Una vez identificados los elementos que determinan la parasubordinación, debemos definir las condiciones adicionales que deben darse para catalogar a un trabajador independiente como parasubordinado. La primera de las condiciones es que la contratación de este trabajador deber ser por cuenta propia. En la relación parasubordinada, el prestador de servicios inicia como un trabajador autónomo e independiente, pero con el tiempo y la continuidad de su dependencia económica a un cliente en particular, puede pasar a ser considerado como un parasubordinado. Es decir, la relación de colaboración coordinada, continuada y de carácter prevalentemente personal se va configurando a medida que el prestador de servicios va desarrollando una dependencia económica hacia el cliente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta característica no es estática, sino que puede evolucionar a lo largo del tiempo.

Determinada la primera condición, debemos tener en cuenta también, que la relación contractual debe ser coordinada, término que puede resultar ambiguo, sin embargo, en la parasubordinación, esta coordinación adquiere una dimensión particular dado que se trata de una relación contractual entre un prestador de servicios y su cliente, en la que el primero se encuentra en una situación de dependencia económica con respecto al segundo. En este sentido, la coordinación se refiere a la necesidad de que el prestador de servicios tenga que seguir ciertas instrucciones o pautas establecidas por el cliente para llevar a cabo su trabajo. Esto se debe, a que el prestador de servicios depende económicamente del cliente, por lo tanto, necesita mantener una buena relación comercial con él para asegurarse de continuar recibiendo trabajos.

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta coordinación no se refiere a una subordinación laboral, ya que el prestador de servicios sigue siendo autónomo en cuanto a la organización y la gestión de su trabajo. En la parasubordinación, el prestador de servicios tiene cierta libertad para organizar su trabajo, pero debe seguir ciertas directrices o pautas del cliente. Por lo tanto, la coordinación en la relación contractual en la parasubordinación se refiere a la necesidad de que el prestador de servicios siga ciertas instrucciones o pautas establecidas por el cliente, sin que esto implique una subordinación laboral completa.

En otras palabras, la coordinación se refiere a la existencia de un acuerdo entre el prestador de servicio y su cliente en cuanto a las tareas y actividades que deben llevarse a cabo. La labor del trabajador autónomo dependiente se encuentra conectada con los intereses del cliente, quien tiene un interés en que se lleve a cabo la actividad en cuestión. De esta manera, la coordinación implica una colaboración y una conexión entre las partes involucradas en la relación contractual [3].

No obstante la colaboración y coordinación, esta relación debe ser esencialmente duradera en el tiempo o continua para que pueda determinarse como parasubordinación, lo que significa que las relaciones que son puramente comerciales o civiles y esporádicas no pueden ser consideradas como parasubordinación. La continuidad de la relación ayuda a determinar si existe o no una dependencia económica, que es una característica distintiva de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE). Por lo tanto, la dependencia económica solo puede existir si hay una actividad continua con el cliente a través de una relación continuada en el tiempo, en la que el trabajador autónomo dependiente realiza su actividad económica de forma habitual y con cierta regularidad para el mismo cliente o clientes.

En ese orden, nos referimos a la dependencia económica como otra de las características que se manifiesta cuando el TRADE realiza su actividad productiva de manera habitual y continua para un cliente o clientes específicos, y su ingreso económico depende en gran medida de estas relaciones comerciales continuadas. Por lo tanto, la continuidad en la relación comercial es crucial para determinar si existe o no una relación parasubordinada, ya que permite evaluar el grado de dependencia económica del TRADE y la subordinación implícita que puede existir en dicha relación comercial [4].

Otro punto importante es que la relación debe tener un carácter prevalentemente personal, el trabajador autónomo económicamente dependiente sea quien realice el servicio personalmente. Es decir, la prestación de servicios debe ser principalmente realizada por el TRADE, sin que existan otros trabajadores bajo su supervisión o dirección, para que se pueda considerar la relación como parasubordinación. En la regulación de ciertos países, se requiere que el TRADE no tenga empleados bajo su supervisión, con el fin de delimitar esta figura para aquellos que tienen una verdadera dependencia económica de sus clientes. Esto asegura que el TRADE sea quien desempeña la actividad productiva y que su ingreso dependa de su propia capacidad y esfuerzo, lo que es indicativo de una verdadera dependencia económica del cliente.

Por último, pero igualmente relevante, se encuentra la necesidad de que el trabajador autónomo económicamente dependiente reciba una remuneración adecuada en función de la actividad realizada y asuma el riesgo de la misma. La diferencia fundamental entre un TRADE y un trabajador por cuenta ajena radica en el elemento de riesgo, ya que “la dependencia económica es una manifestación del riesgo que asume el trabajador autónomo económicamente dependiente, que se manifiesta en la asunción de la inversión y de los gastos necesarios para la prestación del servicio y en la posibilidad de obtener beneficios o sufrir pérdidas en el ejercicio de su actividad económica” [5]. Por lo tanto, la remuneración que recibe el TRADE debe ser proporcional a su actividad y a los gastos necesarios para llevarla a cabo, y además, este asumir el riesgo empresarial de su actividad productiva. Esto lo diferencia de un trabajador por cuenta ajena, que recibe una remuneración fija y no asume el riesgo empresarial de su actividad laboral.

Una vez visto lo que define a un trabajador autónomo económicamente dependiente, también llamado parasubordinado o TRADE, debemos establecer cuál es la utilidad de esta figura. Efectivamente, la figura de la parasubordinación surge para proteger a aquellos trabajadores que, aunque no pueden ser considerados como empleados subordinados, tienen una dependencia económica significativa de un cliente o empresa en particular.

En este sentido, la lista de trabajadores que podrían beneficiarse de la parasubordinación puede variar en función del país o región en que se aplique, pero en general incluye a aquellos trabajadores que prestan servicios de manera autónoma y dependen económicamente de un cliente o empresa en particular, como los asesores inmobiliarios, analistas de sistemas informáticos, fotógrafos freelance, vigilantes concertados de aparcamiento, franquiciados, agentes y subagentes de seguros, transportistas y repartidores, encuestadores, guías o informadores turísticos, personal de limpieza, modelos publicitarios y de bellas artes, colaboradores de prensa y reporteros gráficos, monitores deportivos y algunos casos de teletrabajo.

En resumen, la parasubordinación busca proteger a aquellos trabajadores autónomos, que aunque no tienen una relación laboral subordinada con sus clientes, tienen una dependencia económica significativa de ellos y, por lo tanto, requieren de cierta protección legal para garantizar sus derechos laborales. Así es, la parasubordinación no es un concepto teórico que carece de aplicación práctica, sino que se aplica a diversos trabajadores autónomos que, por su dependencia económica de un cliente o empresa en particular, pueden ser considerados como parasubordinados.

Esto significa, que aunque no tienen una relación laboral subordinada con sus clientes, están en una posición de dependencia económica significativa y, por lo tanto, necesitan de cierta protección legal para garantizar sus derechos laborales. Al reconocer la existencia de la parasubordinación, se pueden establecer ciertas medidas de protección y beneficios para estos trabajadores, como la posibilidad de establecer un salario mínimo o una jornada laboral máxima, recibir indemnizaciones por despido, contar con vacaciones pagadas, entre otros.

En definitiva, la parasubordinación es una figura que tiene una aplicación práctica en la vida diaria, ya que permite proteger a aquellos trabajadores autónomos que, pese a no ser subordinados, tienen una dependencia económica significativa de sus clientes o empresas y, por lo tanto, requieren de ciertas medidas de protección para garantizar sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida.

En definitiva, la parasubordinación es una figura que tiene una aplicación práctica en la vida diaria al encontrarse cada vez más presente en la evolución de los procesos productivos, por lo que requiere de manera urgente que se inicie un debate en torno a esta que involucre a todos los actores necesarios y consecuentemente origine su reconocimiento y regulación.

Fuentes bibliográficas:

[1] MARTÍNEZ BARROSO, María de los Reyes. El trabajo autónomo económicamente dependiente. Reflexiones a raíz del Proyecto de ley del Estatuto de trabajo autónomo. España: AFDUDC, No. 11, 2007, p. 457. ISSN-e 2530-6324.

[2] CALVO GALLEGO, Francisco Javier. Los Trabajadores Autónomos Dependientes: Una Primera Aproximación. Unirioja.es [en línea], núm. 81, 2005, pp. 41-78. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1395130.pdf [consulta: 15 febrero 2023].

[3] CAAMAÑO ROJO, Eduardo. La Parasubordinación o Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente. El Empleo en las Fronteras del Derecho del Trabajo. Revista Laboral Chilena [en línea], 2004-2005, p. 17. Disponible en: https://docplayer.es/32904543-La-parasubordinacion-o-trabajo-autonomo-economicamente-dependiente-el-empleo-en-las-fronteras-del-derecho-del-trabajo.html [consulta: 15 febrero 2023].

[4] GALIANA MORENO, Jesús M. El Trabajador Autónomo Dependiente dos años después de la aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo. Aportaciones prácticas del RD197/2009 que desarrolla la Ley 20/2007. Op. cit., p. 300.

[5] Ibid.

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El impacto de la pandemia en el seguro de vida

Se estima que, a marzo de 2022, la COVID-19 ha supuesto la pérdida de aproximadamente 6.5 millones de personas y otros 480 millones de individuos han sido contagiados. El impacto de esta realidad en la práctica de los seguros de vida y salud es evidente. La necesidad de cobertura para la prueba diagnóstica, el tratamiento, las consultas e incluso las vacunas pone de relieve el debate en cuanto al rol del seguro de salud y los subsidios estatales en estas circunstancias. A la par de las incertidumbres se sitúan los reclamos de las pólizas de vida.

El fallecimiento asociado a la COVID-19 no se materializa como un efecto aislado y característico del virus, que más bien es considerado de baja letalidad. El riesgo de pérdida de la vida se acentúa en un escenario de patologías precedentes: cardiopatías, diabetes, obesidad, deficiencias del sistema respiratorio, entre otras. Por lo tanto, el derecho de los seguros se plantea si la no declaración de esos padecimientos puede ser considerado como reticencia dolosa y de esta manera justificar la falta de cobertura de la póliza.

Adviértase que, en el ordenamiento jurídico dominicano, la no declaración de condiciones precedentes, que incidan en el incremento del riesgo asegurado, se sanciona con singular severidad. A título ilustrativo, léase la siguiente decisión de la Suprema Corte de Justicia dominicana:

“Considerando, que ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, que en el seguro de vida las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo es un elemento del contrato que las compañías de seguros evalúan razonablemente previo a la contratación, y en función de los datos objetivos que resultan, decide si contrata o, en su caso, fija las condiciones que regirán la póliza, para cuyo proceso juega un rol importante la declaración a cargo del solicitante del seguro, cuyo objeto es declarar las circunstancias de salud por él conocidas, y cuya consagración y efectos están previstos en el artículo 62 de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana”. [1]

La cuestión no goza de serenidad. Si bien es cierto que el valor fundamental de la lealtad convencional obliga a la sinceridad del paciente/asegurado declarante, podría sostenerse con seriedad, en contraposición, el efecto del carácter aleatorio del contrato de seguro. En esa dimensión, el virus y su enfermedad pandémica se apreciarían como una posibilidad cubierta en toda su extensión. Pues, si bien el virus SARS-CoV-2 se hace más letal en un paciente con la salud previamente comprometida, no puede negarse que él podría ser entendido como el factor desencadenante, determinante y decisivo de la concreción del riesgo asegurado.

De cara al futuro, hay un precedente de imprescindible atención que podría arrojar indicios de la evolución de la rama. Luego del brote del llamado “Síndrome Respiratorio Agudo Severo”, a principios de la década del año 2000, se introdujeron cláusulas de exclusión para enfermedades contagiosas y epidémicas en algunas pólizas mercantiles como la de interrupción de negocios. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se generalicen cláusulas tendentes a fortalecer el rigor de las condiciones de cobertura del seguro de vida en caso de futuras pandemias y se flexibilice el régimen de las exclusiones.

Referencia bibliográfica:

[1] Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia número 114, 30 de noviembre de 2017, asunto Víctor Crispín.

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Puntualizaciones a la Ley No. 13-20: lo que debe saber el empleador

La Ley No. 13-20 promulgada el siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020) la cual entró en vigor en la misma fecha, más allá de proteger el rol y la capacidad gerencial de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), viene a modificar a favor de los empleadores los recargos por mora y reducir la penalidad en los atrasos en los pagos de cuotas al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La nueva amnistía prevé la regularización de los empleadores solo con el monto del pago principal adeudado. A diferencia de las penalidades que se aplicaban antes de la promulgación de la citada ley, donde los montos eran tan altos que conminaba al empleador a dejar fuera del sistema a muchos o todos sus trabajadores. Ahora los empleadores podrán realizar acuerdos de pagos flexibles que les permita mantenerse en el sistema y a la vez pagar los atrasos a plazos.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que, en lo adelante, los violadores de la ley en detrimento del sistema podrán ser perseguidos judicialmente por la vía civil y penal e inclusive la Tesorería de la Seguridad Social podría suspender el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del empleador infractor.

Al modificarse el artículo 115 de la Ley No. 87-01, del 5 % mensual acumulativo del monto involucrado en la retención que se cobraba, en lo adelante, el empleador pagará un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual promedio generado por el sistema de capitalización individual en el mes calendario anterior al período de la notificación de pago incumplida, más el 0.3 % mensual de penalidad sobre el monto de las aportaciones no pagadas, sin perjuicio del derecho de la TSS de interponer una acción civil y penal en contra del empleador. Este nuevo recargo le será impuesto a los empleadores en las siguientes circunstancias:

  1. Cuando el empleador incumpla en el tiempo establecido en afiliar un trabajador en la TSS.
  2. Al omitir o falsear la declaración de los ingresos reales del trabajador.
  3. Por el retraso en pago de los importes correspondientes a la TSS por cuenta de los trabajadores y empleadores.
  4. Por el incumplimiento de cualquier otra disposición de la citada ley y sus normas complementarias por el empleador o sus afiliados.

Debemos advertir que, los recargos por el incumplimiento en el pago de cotizaciones corresponden únicamente a los montos dejados de pagar por concepto de cotizaciones obligatorias, no aplica a otros conceptos. La TSS podrá inhabilitar los comprobantes fiscales que emita el empleador, cuando la infracción perdure más de sesenta (60) días, lo que podría implicar repercusiones de venta en la empresa afectada.

La Ley No. 13-20 contempla infracciones penales y administrativas para los empleadores en los siguientes casos:

  1. Cuando el empleador no afilie a sus trabajadores dentro del plazo de ley.
  2. Por no suministrar informaciones veraces y completas.
  3. Cuando no informen a tiempo los cambios y novedades.
  4. Si resultaran autores o cómplices de inscripciones o declaraciones falsas que originen prestaciones indebidas.
  5. Por alterar documentos o credenciales que otorgue el Sistema Dominicano de Seguridad Social con el objetivo de inducir al disfrute de prestaciones indebidas.

Los montos de las sanciones por la violación de uno de los precitados casos, conllevarían al pago a la TSS un recargo equivalente al porcentaje de rentabilidad mensual promedio del sistema de capitalización individual del mes calendario anterior a la notificación de pago incumplida más el 0.3 % mensual sobre del monto de las aportaciones no pagadas. Para el caso de reincidencia, la infracción será un cincuenta por ciento (50 %) mayor y podrá el empleador reincidente ser objeto de degradación cívica y prisión correccional de treinta (30) días a un (1) año. El cobro por cotizaciones obligatorias, recargos, multas e intereses podrán ser perseguidos por una acción civil con todos los privilegios que otorgan el Código civil y el de Comercio.

Para el caso de los trabajadores, la Ley No. 13-20 no se quedó atrás y cargó con sanciones penales, cuando el trabajador suministre informaciones falsas o incompletas sobre sus dependientes que originen o pudieran originar el otorgamiento indebido de servicios o prestaciones económicas. Los trabajadores deben estar informados y advertidos, ya que muchas veces falsean informaciones u omiten cualquier declaración. Esta inobservancia, inclusive, podría dar derechos al empleador de realizar un despido por causa justificada.

Con la entrada en vigor de la Ley No. 13-20, la TSS contará con equipo especial de inspectores, los cuales serán los únicos competentes para levantar las infracciones por faltas cometidas por los empleadores por la no inscripción de la seguridad social. Estos inspectores tendrán las siguientes facultades:

  1. Acudir a los establecimientos de los empleadores sin previa notificación con el objetivo de realizar una investigación. Cuando no se le permita entrar podrán acudir con la fuerza publica.
  2. Una vez en la empresa podrán realizar las actuaciones necesarias para comprobar que el empleador está cumpliendo con las disposiciones de la Ley No. 87-01 y sus modificaciones.
  3. Podrán interrogar tanto a los empleados como a los empleadores sobre los detalles y naturaleza de las relaciones laborales en la empresa.
  4. Podrán requerir los documentos, libros y registros, hacerse expedir copias y extractos de estos.
  5. Así mismo, podrán tomar declaraciones de personas cercanas a la empresa, ya sean estos vecinos, clientes y proveedores que puedan aclarar situaciones relativas a las relaciones entre el empleador y los trabajadores.

Las multas que podrá imponer la TSS al infractor serán de uno (1) a seis (6) salarios mínimos del sector correspondiente al empleador, por cada trabajador afectado por la violación, la reincidencia conllevaría un aumento del 50 %. Estas multas podrán ser impuestas cuando se determine que los empleadores han realizado las siguientes violaciones o irregularidades:

  1. Si no reporta el salario completo a los trabajadores. Esto implicaría que, las sentencias por demandas de los trabajadores que determinen el pago incompleto del salario darían pie para que el mismo trabajador realice una denuncia ante la TSS implicando más costos para la empresa.
  2. Si el empleador reduce el salario base de los trabajadores. Para este punto las empresas deberán tener mucho cuidado a la hora de arrogarse un salario mínimo menor del que realmente les pertenece, ya que, de abrirse una investigación, la TSS podría determinar que, el salario atribuido a la empresa investigada es mayor al declarado y por lo tanto interponer una multa (de 1 a 6 salarios mínimos) por cada trabajador.
  3. Por retirar de manera intermitente a los trabajadores de la nómina de la TSS con la finalidad de evadir sus obligaciones.
  4. Por reportar personas en sus nóminas que no son trabajadores de la empresa. Esto viene a complicar a muchos empleadores que tienen en sus nóminas a familiares, amigos y domésticas para beneficiarlos del seguro de salud.
  5. Cuando se determine que un empleador ha realizado operaciones utilizando trabajadores sin haberse registrado en la TSS. Muchas empresas inician de manera informal y al cabo del tiempo formalizan sus operaciones, con esta nueva ley se estarán persiguiendo estas irregularidades.

La referida ley contempla que, los empleadores podrán interponer en caso de inconformidad por una sanción, un recurso de reconsideración ante el mismo órgano que interpuso la sanción; de no ser favorecido podrán interponer un recurso contencioso sobre la sanción impuestas ante el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo.

Finalmente, exhortamos a los empleadores que tengan deudas pendientes con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que aprovechen las disposiciones transitorias de la ley, la cual permite saldar la deuda mediante una amnistía, sin pagar recargos, moras, intereses o cualquier penalidad acumulada, siempre que salde el total de la deuda o realice un acuerdo de pago con la TSS, en un plazo no mayor de seis (6) meses desde la entrada en vigor de la ley; este vence el siete (7) de agosto del dos mil veinte (2020). Los acuerdos de pago que se realicen con la TSS no eximen del pago de las cuotas mensuales, cualquier atraso conllevaría al pago de los recargos exonerados.

“En medio de la dificultad se esconde la oportunidad”. - Albert Einstein

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Seguridad Social en la República Dominicana

En materia de seguridad social en la República Dominicana existe un antes y un después con la Ley número 87-01 sobre Seguridad Social, sin duda alguna esta es una de las leyes que más cambios ha generado en nuestra nación y que al igual que muchas otras legislaciones cuenta con sus luces y sombras.

Sin temor a equivocarnos podemos establecer que la seguridad social es una de las legislaciones más amplias que existe en nuestro país, basta con echar un vistazo a los diversos reglamentos que emite el Consejo Nacional de Seguridad Social como las resoluciones administrativas de la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), organismos que gozan de plena capacidad para regularizar, fiscalizar y auditar todos los temas que envuelven el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Lo más preocupante sobre esta materia es que aun con la importancia que reviste, la población en general exhibe un desconocimiento de la misma, desde los jueces que son los llamados a tener un mayor dominio de las leyes hasta los ciudadanos que están llamados a prestar información sobre el tema, pues de ello dependen estamentos tan importantes de la vida como lo son la salud y la vejez.

El desconocimiento de esta legislación da lugar a que los primeros emitan sentencias infundadas y en franco desconocimiento a las leyes y las resoluciones emitidas por los organismos competentes y los segundos sean objeto de estafa y se encuentren desprotegidos en momentos de dificultades.

Para gozar de los beneficios de la Ley 87-01 es necesario estar inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social, en el caso de los empleados privados y públicos que conforman el régimen contributivo, al cual pertenecemos la mayoría, la responsabilidad de la inscripción recae sobre el empleador; el empleado como el empleador aportarán una proporción a la seguridad social.

Según lo dispuesto por la Resolución número 72-03 emitida por el Comité Nacional de Seguridad Social, los aportes que conforman el salario cotizable a la seguridad social se encuentra compuesto por: salario ordinario, vacaciones y comisiones. De este salario cotizable, el empleado hace un aporte ascendente al 3.04 % y al empleador le corresponde el 7.09 %. En caso de que el empleado tenga algún dependiente, el mismo debe de asumir el pago de este, cuya suma asciende a un pago per cápita mensual por persona de RD$844.89.

Este es uno de los puntos más controvertidos y es que cuando se analizan los salarios reportados a la Tesorería de la Seguridad Nacional, muchos creen que los empleadores han incurrido en una estafa en perjuicio de sus empleados, al incurrir en una elusión, es decir, en reportar un salario irreal, muchas veces por debajo al realmente devengado por el empleado a los fines de pagar menos impuestos. Cuando en realidad es que no todos los beneficios que pueda percibir un empleado como prestación de los servicios, forman parte del salario cotizable para seguridad social.

Del salario cotizable a la Tesorería de la Seguridad Social, un porcentaje del mismo se aporta a nuestro fondo de pensiones, aquí es donde toma mucha importancia el que nuestros empleadores coticen nuestros salarios reales, ya que mientras más alto sea nuestro salario, más dinero acumulará nuestro fondo de pensiones, así en el momento en que nos toque hacer uso de este fondo, nuestra cuota será más cuantiosa y por ende beneficiosa.

Es necesario que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de ser guardianes de nuestros derechos y revisemos de manera constante los salarios que cotizan nuestros empleadores, pues esto evita que nuestras pensiones sean por montos tan ínfimos que ni siquiera nos ayuden a sobrevivir en los momentos en que no existen las fuerzas necesarias para seguir laborando.

Los beneficios que brinda la seguridad social son muchos, y entre los que podemos citar se encuentran: las estancias infantiles, los diferentes subsidios como el de lactancia y enfermedad común, el seguro de riesgo laboral, así como las diferentes pensiones que ofrece.

Todo ciudadano debe de revisar la cobertura de servicios del plan básico de salud, los cuales se encuentran contenidos en el catálogo publicado por la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), esto con la intención de evitar los numerosos abusos que se presentan en los diferentes centros hospitalarios del país, donde muchas veces se niegan a prestar los servicios médicos a los pacientes con la finalidad de obligar a estos últimos a pagar los altos honorarios médicos y de servicios.

Otro punto importante a tomar en cuenta, es que una vez hemos pagado por un servicio médico que debió ser cubierto en su totalidad o en parte por el plan básico de salud, existen procedimientos de reembolso en el cual el afiliado realiza su proceso de reclamo y le es devuelta la suma que pagara, por igual existen resoluciones que especifican las coberturas a las que tienen derecho los afiliados cuando reciben servicios en hospitalización, cuidados intensivos, sala de cirugía y sala de emergencias.

Por otra parte, si la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) a la cual usted se encuentra afiliada no le brinda un buen servicio o usted simplemente desea realizar un cambio a otra, existen un sin número de resoluciones emitidas por la Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), las cuales permiten el traspaso, dependiendo de la causa que da lugar a la misma. Dentro de las resoluciones podemos citar las siguientes: 154-2007, 167-2009, 174-2009 y la 176-2009.

Ahora bien, ¿a cuáles instituciones debemos dirigirnos para obtener informaciones y defender nuestros derechos?

a) La Dirección de Información y Defensa de los Asegurados (DIDA), la cual se encarga de orientar e informar a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través de esta podemos saber si nuestros empleadores nos han inscrito en el Sistema, qué salario cotizan los empleadores, la cobertura de los servicios médicos del plan básico de salud, entre otros.

b) La Superintendencia de Salud de Riesgos Laborales (SISALRIL), en ella podemos obtener información sobre el catálogo de servicios del plan básico de salud y las informaciones que rige todo el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

c) Administradora de Riesgos de Salud (ARS), en ella podemos obtener información sobre la cobertura de los servicios médicos del plan básico de salud, así como el reembolso de los gastos incurridos por el afiliado que debieron ser cubiertos por dicho plan.

Como hemos visto, el Sistema de Seguridad Social reviste una gran importancia en nuestras vidas, de él dependen dos grandes pilares del desarrollo humano como son: la salud y la vejez (pensión), es por ello que es preponderante que cada una de nosotros se convierta en un guardián constante de todo lo concerniente al tema.

Tal vez en este momento, usted no sea un usuario recurrente del sistema, pero le podemos asegurar, que en algún momento de su vida lo será y se sentirá un tanto desprotegido y sin rumbo, por lo que le exhortamos que desde hoy, asumamos la responsabilidad de informarnos al aspecto, siendo guardianes de nuestros derechos, para que vivamos una vida plena y una vejez feliz.