El artículo 53 de la Constitución dominicana consagra el derecho de todo consumidor con el fin de que se encuentren garantizados al relacionarse dentro de una economía de mercado. Lo que implica, formen parte de las prerrogativas de carácter socioeconómico que tienen aquellos destinatarios finales que adquieren bienes y servicios

Resumen: El presente estudio analiza el tema de la potestad sancionadora de la Administración pública y procura demostrar que actualmente la ley no le ha atribuido dicha potestad al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor). Palabras claves: Potestad sancionadora, Administración pública, acto administrativo, principio de