Una de las expresiones del comercio de mayor crecimiento en los últimos años se manifiesta en el plano digital. El comercio electrónico, que concentra todo tipo de ofertas de productos y servicios, abre a los consumidores y usuarios una variedad infinita de posibilidades... Lo mismo que para los empresarios. Se trata de un fenómeno global que, a nivel local implicó transacciones por cuarenta mil millones de pesos dominicanos en el año 2016. De ahí que resulte imprescindible la revisión constante de la legislación en esta materia.

Afortunadamente, República Dominicana cuenta con un marco legal amplio para el comercio electrónico. El primer paso fue la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, número 153-98, que garantiza la prestación de los servicios de telecomunicaciones bajo los estándares de continuidad, generalidad, igualdad y neutralidad, lo cual indudablemente beneficia a los consumidores y fomenta una competencia sana entre los distintos prestadores de servicios. A esta iniciativa se sumaron posteriormente las leyes 126-02, que es justamente Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y las normas complementarias correspondientes, que no incluiremos en este elenco pero que definitivamente forman parte de un sistema vasto.

Todo el sistema regulador compuesto por las normas legales vigentes se ha ido renovando en los últimos años por medio de resoluciones del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) en los temas de su competencia, mientras que las leyes más antiguas gozan aún de un alcance satisfactorio, considerando la velocidad con la que avanza la tecnología y los distintos modelos de negocios. Por tanto, puede afirmarse que la legislación nacional en materia de comercio electrónico ha evolucionado oportunamente con respecto a las necesidades del sector, pero aún así se observa que la mayoría de los comerciantes no se animan a incursionar en este tipo de mercado. Dicho esto, es oportuno plantearse la cuestión para determinar si los obstáculos más frecuentes a los que se enfrentan los empresarios dominicanos podrían ser superados por alguna fórmula legislativa.

Además de la legislación interna antes mencionada, República Dominicana forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, desde el año 2012 (con entrada en vigor en el 2013). Dicho instrumento del derecho internacional propugna la armonización del derecho en materia de comercio electrónico, de modo que con legislaciones compatibles pueda fomentarse el comercio transnacional. La adhesión a la referida convención es una muestra más de que el legislador dominicano busca adecuar la normativa vigente a los nuevos lineamientos globales, que no son más que una respuesta a los cambios que el mundo digital ha logrado en el comportamiento de los consumidores y el desarrollo de las economías.

Todo este completo conjunto legislativo contrasta con una realidad de un mercado local en la que tanto consumidores como empresarios desconfían de incursionar en la compra y venta en línea. Distintas organizaciones empresariales del país han señalado públicamente en qué consisten los retos y las dificultades en el mercado dominicano. Una contribución importante en este sentido ha sido precisamente el estudio que durante años ha hecho la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y que se refleja en el informe titulado “Comprendiendo los retos al desarrollo del e-commerce en la República Dominicana”. Resumiendo las distintas voces que se han alzado con referencia a tales desafíos, podemos señalar que, tanto empresarios como consumidores desconfían de las ofertas locales que encuentran en línea, porque muchas veces no se actualizan las informaciones con la regularidad adecuada. Asimismo, la desconfianza también se refleja en la utilización de métodos de pago en línea, por el temor de fraudes, debido quizás a la falta de educación financiera e incrementada por el todavía bajo acceso de la mayor parte de la población dominicana a servicios y productos financieros que pueden usarse para pagos electrónicos. Y, desde luego, no se puede dejar de lado la grave dificultad a la que nos enfrentamos los dominicanos al tener un sistema postal público deficiente.

Con la enunciación de algunos de los retos más importantes se quiere evidenciar que, la legislación (en este caso) no es el problema ni representa en sí misma un obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico. Por el contrario, ella lo promueve, dando a los ciudadanos la seguridad jurídica de que los fraudes cibernéticos serán perseguidos, que los servicios del mundo digital deben ser prestados con calidad y que el consumidor o usuario será debidamente tutelado ante los abusos. Así las cosas, quizás no existe actualmente una fórmula legislativa que fomente el crecimiento del mercado que nos ocupa. Es muy probable que la solución esté más bien continuar con la educación a los consumidores, la formación y prestación de oportunidades a los empresarios y emprendedores para que se atrevan a vender por internet y, desde luego, en la inversión dirigida a solucionar el problema del servicio postal.

Artículo publicado en la Edición 60 año 2019, de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMRD), página 44.

Un buen inversionista busca, en tiempos de crisis, invertir en latitudes diferentes, con la intención de encontrar mercados más productivos.

En los últimos años, la República Dominicana se ha convertido en una excelente opción para los extranjeros, que cada vez más sueñan con encontrar una actividad de inversión para transferirse a este país, o al menos tener una excusa para visitarlo.

Desde la perspectiva logística, la República Dominicana cuenta con ventajas competitivas en materia de inversión. Ubicada estratégicamente en una posición geográfica que le permite ser la puerta de entrada para acceder a los mercados de Estados Unidos, América Latina y Centroamérica. Posee servicios aéreos y marítimos de alta calidad, permitiendo estar comunicado con las principales líneas comerciales del mundo, además, cuenta con una gran estabilidad política y macroeconómica, excelente infraestructura de telecomunicaciones, sistemas bancarios y de seguros, altamente desarrollados; incentivos fiscales y financieros atractivos.

Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones es una de las principales fuentes generadoras de empleos y de divisas, debido al aumento de las inversiones nacionales y extranjeras que ha llevado a la República Dominicana a ser uno de los países mejor comunicado del mundo.

Actualmente, la República Dominicana es uno de los cinco países con mayor desarrollo en materia de telecomunicaciones en América Latina, ofreciendo al usuario múltiples servicios: discado directo, marcando los códigos de área 809 y 829; líneas fijas y celulares móviles; discado directo internacional, facsímiles, correo electrónico, internet, servicio wi-fi, videoconferencias, una amplia variedad de servicios de datos, entre otros. Varias compañías compiten en el mercado ofreciendo servicios de telefonía local e internacional, siendo las principales Codetel-Claro, Orange, Tricom, Viva, Skymax Dominicana, One Max y Wind Telecom.

Existe un organismo rector, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), con planes novedosos que han fomentado el crecimiento del rubro, así como la existencia de la valiosa Ley número 153-98 de Telecomunicaciones, que ha favorecido la inversión y ha permitido desarrollar este sector.

Esta legislación, que moderniza las medidas de regulación del sector y los parámetros establecidos en el renglón por los organismos internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), contribuye a reforzar los avances.

De igual manera, en los últimos 2 años, la instalación de call centers ha crecido vertiginosamente en la República Dominicana, gracias a la calidad de la mano de obra altamente competente para los mercados de habla inglesa e hispana.

Una sociedad constituida, sea nacional o extranjera, y que ofrezca servicios de call centers, puede acogerse al régimen especial de zona franca, gracias a las disposiciones concedidas por el Gobierno a favor de este sector. Estas concesiones incluyen exención del pago de: Impuesto sobre la Renta, impuestos a la construcción y al registro o venta de derechos inmobiliarios, impuestos para la constitución de compañías y aumento de capital, cargas municipales, ITBIS (Impuesto sobre la Transferencia de Bienes y Servicios), honorarios consulares e impuestos de exportación o reexportación. Asimismo, se encuentran exoneradas del pago de aranceles, de algunas tarifas aduaneras y cargas relacionadas a equipos, equipos de oficina y los demás bienes necesarios para la construcción, preparación y operación de la zona franca.

Un buen inversionista necesita quien lo respalde al momento de asentarse en otras latitudes y, en la República Dominicana, ese respaldo lo encuentra en Estrella & Tupete, Abogados, firma que ofrece soluciones en base a la experiencia, profesionalidad e innovación para todo tipo de negocios.