La transformación del encarcelamiento en la República Dominicana hacia la rehabilitación y reinserción del condenado
Encarcelar a una persona tiene cuatro objetivos principales: retribuir, incapacitar, disuadir y rehabilitar. Corresponde a cada Estado decidir cuál va a priorizar dentro de su sistema penitenciario. Mientras muchas naciones han decidido avanzar y promover la rehabilitación en sus centros, otros, como El Salvador han enfocado sus esfuerzos en mantener un sistema carcelario meramente de retribución e incapacitación.
Desde la promulgación de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario se ha establecido en nuestro país un lenguaje progresista que promueve la rehabilitación y los derechos de los internos, pero sobre todo la protección de la dignidad humana. Esta ley en su artículo 2 establece que “la ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto, fundamentalmente, la protección social y la readaptación del condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con voluntad y capacidad para respetar la ley”. De igual forma, prohíbe explícitamente las torturas, maltratos y humillaciones en perjuicio de los internos, inclusive, estableciendo un régimen de consecuencias para las autoridades que incurran en este tipo de violaciones. Además, crea la importante figura del Agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), donde civiles mediante concursos de oposición son designados para la custodia de los internos, logrando así desmontar la tradicional cultura autoritaria de custodia por parte de los miembros del ejército portando armas largas y actitudes punitivas.
En el caso de la República Dominicana, los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) son un referente de avance en Latinoamérica. Aunque nos tomó muchos años adaptarnos a la Ley 224, las distintas gestiones de los pasados procuradores se enfocaron en construir estructuras que impulsaron un nuevo sistema penitenciario elevando drásticamente la calidad del encarcelamiento. Actualmente contamos con más de 40 centros alrededor de la geografía nacional, eliminando paulatinamente las cárceles del viejo modelo que se caracterizan por ser un reflejo de corrupción, hacinamiento y violaciones a derechos fundamentales.
Afortunadamente, en nuestra legislación ha quedado atrás la idea de que los recintos son exclusivamente para castigar a aquel que ha infringido la ley, adoptando corrientes modernas que propician los tratamientos de rehabilitación y reinserción del condenado. Sin embargo, aún distanciados de la visión de países más avanzados como Noruega, en el cual sus centros penitenciarios están exclusivamente orientados a la rehabilitación, con poca supervisión, alta calidad en los tratamientos y penas relativamente cortas para delitos inclusive muy graves.
El éxito de una condena se mide a través del porcentaje de reincidencia en los internos que cumplen su pena en el sistema penitenciario. La reducción del reingreso al sistema solo se logra enalteciendo la experiencia, principalmente, enfocándose en mejorar el tratamiento a nivel individual que reciben los internos mientras se encuentran recluidos. Esto ha sido un logro más del nuevo sistema penitenciario, pues dentro de los centros se ha garantizado la educación desde sus diferentes dimensiones. Dentro de estos, la alfabetización básica hasta posgrados universitarios se ofrece como medio para cumplir su pena. Por otro lado, se ejecuta un amplio catálogo de oficios que van desde ebanistería, sastrería, hasta actividades culturales garantizando así el crecimiento personal de los internos.
Un referente que tenemos es el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, donde la Dirección, de la mano de la Sub-Dirección de Asistencia y Tratamiento Penitenciario han realizado un impecable trabajo ofreciéndoles a los internos las herramientas para desarrollarse dentro del centro tanto a nivel educacional, profesional y personal. En nuestra última visita académica allí, pudimos ser testigos de la disciplina y buena actitud que adoptan los internos, mientras se encuentran cumpliendo sus calendarios de actividades, así como del trato humano y digno que reciben por parte de los agentes. El tratamiento penitenciario debe estar orientado hacia las características particulares de la persona y del delito cometido. Es decir, aquellos que se encuentran internos por delitos violentos, su tratamiento debe ser enfocado en terapias conductuales que logren un cambio en su comportamiento. Por otro lado, aquellos condenados por delitos económicos, su tratamiento debe dirigirse hacia la educación y enseñanza de un oficio que logre crearle oportunidades de trabajo al momento de su liberación. Así sucesivamente, las terapias deben ser enfocadas a la realidad individual de cada interno para verdaderamente lograr un cambio y una reinserción a la sociedad.
Sin embargo, existe un aspecto alarmante y es la situación actual de los imputados con drogodependencia y problemas de adicción. Se ha demostrado que su encarcelamiento solo empeora su condición, por esta razón, el tratamiento debe estar enfocado desde una perspectiva de salud. La implementación de Cortes de Tratamiento de Drogas ha sido exitosa en otros países. En el Distrito Nacional se implementó un plan piloto que dio muy buenos resultados, sin embargo, a la fecha no ha sido replicado a nivel nacional. Esta propuesta premia a los participantes que completan el programa y da un seguimiento continuo garantizando, que al momento de su puesta en libertad, su condición sea mejor de la que cuando ingresaron. Con este novedoso sistema se puede lograr una reducción en la reincidencia, pero también permite una disminución de costos de prisión por parte del Estado e incluso una readaptación a la sociedad más eficiente. Por otro lado, debemos enfocarnos en la creación de centros de internamientos que traten a estos enfermos y los sometan a un proceso de detoxificación y rehabilitación. Esto a la vez sirve como una alternativa para los jueces, que al momento de ponderar una pena se ven obligados a encarcelarlos por no contar con un sistema que garantice su rehabilitación eficaz.
Es preciso resaltar, que en nuestro país también existe un déficit en la supervisión del interno una vez es liberado. Es decir, un plan estratégico que permita una transición y seguimiento posencarcelamiento que asista en la reinserción social adecuada. Estas medidas van desde entrenamiento en tecnología, asistencia para relocalización, captación de empleo que esté relacionado a la capacitación recibida mientras estuvo recluido, hasta la creación de incentivos por parte del Estado para empresas que contraten liberados. La suma de todo esto nos permite lograr una mejor adaptación tras su liberación ante una sociedad en constante cambio. A pesar de tener un régimen penitenciario encaminado hacia la rehabilitación del interno, aún tenemos muchos desafíos y obstáculos que superar. Empezando por el desmonte de la cultura retributiva del antiguo “ojo por ojo” donde la sociedad todavía hoy en día sostiene erróneamente, que todo aquel que cometa un delito debe pagar por sus actos tras las rejas, olvidándonos de ofrecer medidas alternativas que aporten a la resolución del conflicto y contribuyan verdaderamente al cambio de conducta del condenado.
El encarcelamiento con el fin de retribuir e incapacitar debe ser cosa del pasado. La privación de la libertad debe ser reservada solo para aquellas personas que realmente representan una amenaza para la sociedad, es decir, aquellos que de no ser privados de libertad continuarían cometiendo actos ilícitos. Explorando así la posibilidad de implementar condenas no privativas de libertad que contribuyan a la reformulación de la conducta y al resarcimiento del daño provocado para aquellos imputados que su incapacitación no es necesaria. Es tiempo de que nuestros legisladores dejen atrás el populismo, desistan de continuar endureciendo las penas y se enfoquen más en programas de prevención y educación. Importantes investigaciones han demostrado que el aumento de penas no disuade el crimen en lo absoluto, por el contrario, empobrece al país, ya que resulta una sobrepoblación de los recintos penitenciarios e incrementan drásticamente los costos para el Estado.
¿Queremos que los internos salgan mejores o peores de cómo entraron? Ninguna pena es eterna, por lo tanto, debemos trabajar a sabiendas de que estos van a salir por la misma puerta que entraron y van a convivir nueva vez en nuestra sociedad. Para esto es necesario que todos los actores del sistema continúen anudando esfuerzos con el propósito de perfeccionar nuestro sistema penitenciario y asegurando una verdadera transformación, rehabilitación y reinserción. De esta manera es que podremos garantizar que las condenas realmente tengan resultados trascendentales, y esto, definitivamente, solo se logra aplicando medidas progresistas y consistentes para que sus resultados perduren en el tiempo.