La función pública no es blanco libre para la difamación

En toda democracia moderna, quienes ejercen funciones públicas están sometidos al escrutinio ciudadano. Esa es una regla básica del sistema republicano. Pero de esa verdad se desprende otra, repetida con frecuencia en redes sociales y debates políticos, que asegura que a cualquier funcionario público se le puede decir cualquier cosa, sin límites ni consecuencias. Jurídicamente, esa afirmación es falsa.

La libertad de expresión protege la crítica, incluso la crítica dura, incómoda y molesta. Lo que no protege es la difamación, la injuria ni la intromisión ilegítima en la vida privada. Y eso aplica también cuando la persona señalada ocupa un cargo público. En un Estado constitucional, ejercer una función pública no elimina derechos fundamentales como el honor, la dignidad o la intimidad.

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