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# ¿Genera República Dominicana apátridas? El debate entre soberanía y derechos humanos
- URL: https://blog.estrellatupete.com/articulos/genera-republica-dominicana-apatridas-el-debate-entre-soberania-y-derechos-humanos/
- Published: 2026-11-19T20:17:06.000Z
- Updated: 2026-11-19T20:23:34.000Z
- Author: Lisbeth Clark
- Tags: Artículos

Pocas discusiones jurídicas y políticas han provocado tanto debate interno e internacional como el relacionado con el derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. Más allá de un conflicto legal, se trata de una conversación que abarca temas complejos: identidad nacional, soberanía, migración, derechos humanos y la relación binacional con Haití.

 Durante la última década, la República Dominicana ha sido objeto de observación internacional por sus políticas de nacionalidad, particularmente después de la emisión de la Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional.[\[1\]](#%5Fftn1) Esta resolución es analizada por diversos sectores como una reafirmación normativa del poder soberano del Estado y, por otros, como una decisión que colocó a un grupo demográfico en riesgo de apatridia. La discusión gira en torno a la pregunta central de esta investigación: ¿es República Dominicana un país generador de apátridas?

 La respuesta requiere un análisis multidimensional. El derecho internacional reconoce que cada Estado tiene la facultad de establecer quiénes son sus nacionales y en qué condiciones una persona adquiere o pierde la ciudadanía. Sin embargo, esa potestad encuentra límites en los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente cuando las políticas estatales pueden dejar a los individuos sin reconocimiento jurídico por parte de ningún Estado.

 La Constitución dominicana se fundamentó en el principio de jus soli, mediante el cual la nacionalidad se reconocía a quienes nacían en territorio nacional.[\[2\]](#%5Fftn2) Sin embargo, las reformas constitucionales y las interpretaciones posteriores introdujeron excepciones específicas, especialmente respecto a los hijos de extranjeros catalogados "en tránsito" o en situación migratoria irregular.

 La controversia alcanzó un punto crítico con la Sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional. El caso tuvo origen en la situación de Juliana Deguis Pierre, nacida en República Dominicana de padres haitianos en condición migratoria irregular. La decisión judicial interpretó que los hijos de extranjeros en situación irregular no calificaban para adquirir la nacionalidad dominicana y aplicó ese criterio a situaciones previas.

 Para los sectores que respaldan la decisión, la sentencia corrigió irregularidades del registro civil dominicano. Bajo esta visión, el Tribunal reafirmó principios constitucionales y defendió la potestad del Estado para organizar su sistema migratorio y definir los integrantes de su cuerpo ciudadano.

 Sin embargo, los cuestionamientos de organismos internacionales señalaron que personas nacidas en territorio dominicano quedaron en un vacío jurídico, sin acceso a documentos de identidad y enfrentando dificultades para estudiar, trabajar o utilizar servicios públicos.[\[3\]](#%5Fftn3)

 La preocupación central se enfocó en el riesgo de apatridia. Esta condición ocurre cuando una persona no es reconocida como nacional por ningún Estado. En términos prácticos, significa la pérdida de acceso a derechos civiles y el incremento de la exclusión social. Una persona sin nacionalidad enfrenta obstáculos administrativos para matricularse en centros educativos, acceder a empleos formales, recibir atención médica o demostrar su identidad.

 Ante las observaciones internacionales, el Estado dominicano aprobó la Ley 169-14 como mecanismo para abordar las consecuencias de la sentencia.[\[4\]](#%5Fftn4) La legislación creó un sistema dividido en dos grupos: uno para personas previamente registradas como dominicanas, y otro para quienes carecían de inscripción formal en el registro civil.

 La intención de esta normativa era establecer vías de regularización y documentación. No obstante, diversos reportes señalaron que los procesos burocráticos y los requisitos exigidos dificultaron que la totalidad de la población afectada pudiera completar los trámites.[\[5\]](#%5Fftn5)

 En este contexto intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[\[6\]](#%5Fftn6) Sus resoluciones indicaron que los Estados deben evitar normativas que terminen produciendo situaciones de exclusión o apatridia técnica.

 Un elemento estructural en este debate es el marco legal del país de origen de los afectados. Según el Código de Nacionalidad de Haití, los descendientes de padres haitianos conservan la facultad legal de optar por dicha ciudadanía, independientemente de si el nacimiento ocurrió fuera de su territorio.[\[7\]](#%5Fftn7)

 Desde una perspectiva jurídica, la existencia de este mecanismo incide en la evaluación del riesgo de apatridia absoluta. Esto establece que la responsabilidad de garantizar una identidad legal exige una corresponsabilidad del Estado haitiano para facilitar la documentación y el reconocimiento de sus propios nacionales.

 El debate dominicano revela una tensión presente en el derecho internacional respecto a los límites de la soberanía estatal frente a los compromisos en materia de derechos humanos. Los datos sugieren que la República Dominicana no diseñó una política pública con el propósito deliberado de producir apátridas. Sin embargo, las consecuencias prácticas de las decisiones judiciales generaron incertidumbre jurídica en un sector de la población.

 La discusión de fondo radica en la capacidad de los mecanismos legales y administrativos para garantizar que ninguna persona carezca de identidad reconocida. Los Estados enfrentan el reto continuo de gestionar sus intereses nacionales y regulaciones migratorias en concordancia con los principios del derecho internacional.

 En conclusión, el análisis de las políticas de nacionalidad evidencia que el debate vincula la soberanía del Estado con la gestión migratoria. La consideración del marco legal de Haití establece un factor de corresponsabilidad jurídica, en la medida en que las leyes de dicho país contemplan la asignación de la ciudadanía a los descendientes de sus nacionales. De este modo, la reestructuración del registro civil en la República Dominicana se fundamenta en la aplicación de normativas internas, si bien persisten efectos de apatridia técnica vinculados a factores de implementación administrativa.

 Por consiguiente, la articulación entre la potestad estatal y el cumplimiento de los tratados internacionales permanece como el eje analítico del tema. Para estabilizar el estatus jurídico de la población afectada, se requiere optimizar la ejecución de la Ley 169-14 mediante la revisión de los requerimientos y trámites vigentes. El establecimiento de mecanismos de cooperación entre ambos Estados permitiría abordar las necesidades de documentación, conforme a los estándares normativos previstos por el derecho internacional.

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[\[1\]](#%5Fftnref1) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Sentencia TC/0168/13\. Santo Domingo: Tribunal Constitucional, 2013.

[\[2\]](#%5Fftnref2) REPÚBLICA DOMINICANA. Constitución de la República Dominicana. Santo Domingo, 2010 (Última reforma: 2015).

[\[3\]](#%5Fftnref3) HUMAN RIGHTS WATCH. *"We Are Dominican"*. Nueva York: Human Rights Watch, 2015.

[\[4\]](#%5Fftnref4) REPÚBLICA DOMINICANA. *Ley No. 169-14 sobre Regularización de Personas Afectadas por la Sentencia 168-13*. Gaceta Oficial No. 10746, 23 de mayo de 2014.

[\[5\]](#%5Fftnref5) ACNUR. Informe sobre la apatridia en la República Dominicana. Ginebra: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2017.

[\[6\]](#%5Fftnref6) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana*. Sentencia de 28 de agosto de 2014.

[\[7\]](#%5Fftnref7) HAITÍ. *Código de Nacionalidad de Haití*. Journal Officiel de la République d'Haïti, 1984.